Constituida en 2005, la sociedad está dedicada al asesoramiento jurídico en todas las ramas del derecho público y privado, a través de sus socios, a personas físicas y jurídicas, públicas y privadas. Extendiéndose a la dirección y asistencia legal de las citadas personas ante los Tribunales de Justicia y ante cualquier órgano de la Administración.
El socio fundador es Luis Alzola Tristán. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de La Laguna, y está incorporado desde 1983 al Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.
Sus socios tienen amplia experiencia profesional tanto en el campo del derecho privado como en el del derecho público. En particular, en el campo del derecho privado, asesoramiento general a la empresa referido, entre otros sectores, al derecho contractual, derecho bancario, derecho de la construcción, derecho inmobiliario – registral, derecho arrendaticio, derecho de familia y sucesiones. Y en el campo del derecho público, ámbitos del derecho administrativo general, derecho sancionador general y especial, reclamaciones económico administrativas en materia fiscal y tributaria, derecho urbanístico estatal y territorial canario, planeamiento. También despliegan su actividad en el campo del derecho mercantil y societario y en el del derecho penal. Y mantienen relación profesional habitual con notarías y registros de la propiedad de Santa Cruz de Tenerife y Arona – Los Cristianos.
Durante sus años de ejercicio profesional, los socios-abogados de la empresa han asesorado y hoy asesoran a personas físicas, a entidades y a empresas locales y nacionales relacionadas con las ramas del derecho que se acaban de citar en el apartado anterior. Particularmente, con personas y entidades con presencia en el sector de la construcción, promoción inmobiliaria, urbanístico, y con las materias derivadas y relacionadas con las mismas. También han colaborado durante estos años como corresponsales en la isla de Tenerife de empresas legales radicadas en el extranjero, encargándose de otorgamiento de escrituras públicas de compraventa, de aceptación y liquidación de herencias, liquidación de impuestos de sucesiones y repatriación a Suecia de dinero, así como tramitando solicitudes de número de identificación de extranjeros, etc.